La ley vigente 22.285(...) Recordemos que la ley vigente, la 22.285 de 1980, es en realidad un decreto ley de la dictadura que se viene arrastrando desde entonces y que hasta ahora no fue derogada, convirtiéndose en una de las deudas pendientes más bochornosas de la democracia y desnudando con toda claridad cuánto hay de verdad en la frase que dice que ésta es consecuencia de aquella. La 22.285 es claramente restrictiva, autoritaria y excluyente y desde su promulgación impide sistemáticamente que toda organización sin fines de lucro, social o cultural pueda acceder a las frecuencias radioeléctricas.Esto último fue parcialmente modificado durante el gobierno de Kirchner mediante la ley 26.053, que sustituye la redacción del artículo 45 (luego de haber sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo esta modificación no logró cambiar sustancialmente el panorama: por un lado sigue impidiendo el acceso a las cooperativas de servicios públicos; por el otro, al no aplicar un plan nacional de radio y televisión que normalice el espectro radioeléctrico a través del llamado a concurso público de frecuencias (garantizando a su vez un porcentaje del espectro para las emisoras comunitarias o alternativas), las modificaciones por ahora no hicieron mucho más que quedar en el papel.Pero la 22.285 tuvo además otras reformas bastante menos simpáticas que ésta, que profundizaron todavía más sus aspectos pro-comerciales y antidemocráticos. Las más importantes de ellas realizadas durante el menemismo (es clave la ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitió la concentración en multimedios). Aún así, este hecho no convierte a la 22.285 “original” en una ley que comparada con lo que quedó sería “progresista” (como si la ley ahora fuera otra distinta que la misma 22.285). Ése es el planteo, nada inocente por cierto, de Clarín cuando publica que del texto original de la 22.285 ya no quedaría “casi nada”. Frente a esto hay que tener en cuenta que la ley vigente es un Frankenstein sin costado amable alguno, una reglamentación cocida sobre la base del material cadavérico heredado de la dictadura (en todas sus lecturas posibles).Para que quede bien claro: las modificaciones no hicieron sino extender su carácter excluyente, abriendo la posibilidad de la creación de los multimedios previa privatización de los medios estatales. Privatización que ya estaba pautada en los años finales de la dictadura pero que quedó para ser realizada en democracia. Lo que prueba, una vez más, que las modificaciones hechas en democracia son consecuencia del texto de la dictadura, como sucede en otros ámbitos de la vida pública.El hecho de seguir padeciendo un decreto ley firmado por genocidas para regular el acceso a la radiodifusión es motivo suficiente para poner el cuerpo a la exigencia de su derogación, que –hay que destacar- viene siendo resistida desde 1983 y obturados muchos de los debates que generó. Fragmento del texto: ley de radiodifusión: porqué intervenir en el debate de Natalia Vinelli
Descargar el proyecto de ley
x claudina
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